Luego de una jornada que incluyó acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores, y denuncias judiciales, a raíz de los saqueos que se dieron en los últimos días en varios puntos del país, el Gobierno anunció ayudas económicas para los comerciantes que resultaron afectados.

Hacia el fin de la tarde de ayer, el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, por omisión de denuncia y por incitación a la violencia, luego de los saqueos. El magistrado consideró que Cerruti manifestó que tenía información sobre el origen de los saqueos, pero no formuló la denuncia, como correspondía, debido a que se trata de una funcionaria pública. En cuanto a la incitación a la violencia, Marijuán arguyó que la portavoz señaló puntualmente al diputado Javier Milei -candidato a presidente por La Libertad Avanza- como promotor de los ataques, sin haber mostrado ninguna prueba.

En efecto, ayer a la mañana, Cerruti había afirmado que cuentas de redes sociales ligadas a Milei y a la también candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, desde las cuales se incentivaban los saqueos. “El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de Bullrich, sobre algo que querían que sucediera. Había grupos de WhatsApp incentivando. Cuando todavía no había pasado nada, Milei estaba en sus redes diciendo que esto era 2001 y que estaban los saqueos desatados. Su tuit es de las 6 de la tarde... ¿Tiene premonición de las cosas o es que de alguna manera se ha ido incentivando?”, había cuestionado, retóricamente, la funcionaria nacional.

Más tarde, en declaraciones radiofónicas, no se retractó, aunque morigeró su acusación. “Estaba claro que esto era organizado y que se armaba algo cuando todavía no había sucedido nada. Lo que hago es una descripción de la realidad. Si ellos (Milei y Bullrich) nada tienen que ver, lo que hicieron es montarse a una ola de rumores. Entonces, bueno, deberíamos todos ser más responsables y entender que estas cosas tienen consecuencias”, había advertido.

La denuncia contra Cerruti fue presentada por dos dirigentes de la Libertad Avanza: el candidato a vicegobernador de Buenos Aires, Francisco Oneto, y el legislador bonaerense Nahuel Sotelo. Además de imputar a Cerruti, Marijuán solicitó al presidente, Alberto Fernández, y a los gobernadores de las provincias donde se registraron saqueos -Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Neuquén- que proporcionen los informes de inteligencia que pudieran tener. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que solo en el conurbano se registraron 150 intentos de saqueo, y contó que detuvieron a 94 personas.

En duros términos, Milei le devolvió a Cerruti sus acusaciones. “Es una cuestión de proyección; ellos tienen alguna experiencia en este tipo de operaciones de armar saqueos para voltear Gobiernos”, manifestó el libertario. “Puede que el Gobierno esté haciendo ‘la del tero’, y para justificarse en su ineficiencia y en los desastres que está causando busque una caída precipitada o, con la complicidad de algunas fuerzas que están en Juntos por el Cambio, esté buscando establecer el Estado de sitio, porque todo el sistema político se ve afectado y saben que los que se van a caer son los de la casta”, añadió.

Su candidata a vicepresidenta, Victoria Villaruel, reclamó la renuncia de Cerruti: “¡Quiero la renuncia ya de esta irresponsable! La denunciaremos por usar su cargo para amedrentar y sembrar el terror en la ciudadanía”.

La denuncia judicial contra Cerruti no fue la única presentación referida a los saqueos en Tribunales. El líder social Raúl Castells también fue denunciado, por incitar a cometer estas acciones en distintos puntos del país. El planteo fue firmado por los dirigentes de Republicanos Unidos Yamil Santoro, Juan Martín Fazio, María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza. Acusan a Castells de violar el artículo 209 del Código Penal, que sanciona con dos a seis años de prisión a quien públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución.

La denuncia fue presentada luego de que se conoció una entrevista al referente del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD). “La gente está saliendo a buscar comida y, si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida”, había dicho en la nota. La denuncia recayó en el Juzgado Federal 6 de Comodoro Py, a cargo de Daniel Rafecas.

Durante el día, el clima estuvo muy caldeado. Bullrich, incluso, llegó a pedir que se decrete el estado de sitio. “El Gobierno tiene que ordenarse y evaluar si necesita algo más, porque si esto se desborda tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas. Esperemos que esto no suceda”, dijo Bullrich. “Si se pierde total y absolutamente el control y el Gobierno tiene que llamar a pedir el estado de sitio, lo tiene que hacer”, insistió.

Rápidamente le salió al cruce el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y referente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque. Lisa y llanamente la acusó de buscar réditos electorales con los saqueos. “No podemos ignorar el contexto político; en medio de un período electoral uno tiene que hacer inferencias. Si alguien se benefició con lo que pasó es Bullrich que está viendo como se cuelga en el balotaje”, cuestionó.

Acciones ministeriales

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, encabezó la primera reunión del comité unificado, creado para evaluar los saqueos que se produjeron durante los últimos días en varios puntos del país. Se decidió declarar un estado de alerta permanente, el trabajo integrado con las diferentes fuerzas federales en todo el país y la comunicación constante con el poder político de las jurisdicciones afectadas. Participaron representantes de la Policía Federal), de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Inteligencia Criminal y de la secretaria de Seguridad y Política Criminal. Fernández habló con los gobernadores de las provincias afectadas.

Sobre el cierre de la tarde, y desde Washington (EEUU), el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el Gobierno compensará económicamente a los comerciantes que hayan sufrido saqueos. “Tomamos la decisión de instruir a la Secretaría de Industria para que cada uno de los comerciantes afectados, que tenga la denuncia presentada y una constatación de pérdidas, se les dé un aporte no reembolsable, un apoyo económico de hasta $ 7 millones, para recuperar el capital de trabajo”, dijo el también candidato a presidente por Unión por la Patria. Añadió que armarán un equipo de seguimiento. “No nos puede pasar que esos delincuentes entren por una puerta en una comisaría y salgan por la otra”, advirtió.

Críticas de los comerciantes

“La delicada situación económica y social (del país no) justifica que se cometan actos delictivos, más aun cuando la motivación de muchos de ellos no es la necesidad, sino la mera vocación de generar temor y desorden”, afirmaron las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio. “La Nación no puede ser rehén de pequeños grupos de inadaptados que, escudándose en el genuino malestar de amplias franjas de la población, pretenden violentar la ley”, añadieron. Y exhortaron: “que se ponga fin (al) vandalismo, y se preserve el patrimonio de los damnificados”.